Comunicado Profundización Democrática 24.08.2017 (Segundo sobre Estatutos)

Comunicado Profundización Democrática 24.08.2017

Ante las últimas novedades sobre el conflicto entre la ejecutiva estatal y la Comisión de Garantías Democráticas estatal en torno a los Estatutos y los cambios que ha recibido que no fueron aprobados por la Asamblea Ciudadana estatal, Profundización Democrática quiere comunicar lo siguiente:

PRIMERO:

Compartimos por completo el contenido del comunicado de apoyo a la Presidenta de la Comisión de Garantías Democráticas Estatal, Olga Jiménez, realizado por 43 miembros y exmiembros de las diferentes Comisiones de Garantías de todo el país. Así mismo agradecemos y mostramos nuestro apoyo a los comunicados de las 5 Comisiones de Garantías autonómicas, que se han pronunciado hasta el momento formalmente, apoyando la actuación respecto a los Estatutos, de la CGDE y su Presidenta.

Es inaceptable que el Consejo de Coordinación Estatal interfiera en el normal funcionamiento de nuestro máximo órgano de resolución de conflictos tomando partido en un conflicto interno por la posición individual de algunos de sus integrantes, pues socava gravemente la democracia interna en términos de seguridad jurídica, y garantías democráticas de la organización.

Al igual que las personas firmantes de ese comunicado, nosotros/as tampoco reconocemos esa “Comisión de Garantías” alternativa formada por únicamente 3 miembros de la Comisión, que han solicitado la incoación de expediente disciplinario al margen del pleno de la Comisión, formado por 10 personas.

Esperamos que esta muestra de apoyo amplio, plural e independiente, a la autonomía de acción de la Comisión y a su Presidenta permita reconducir la situación.

SEGUNDO:

Ante la información comunicada a través del canal público de telegram de la Secretaria de Organización Estatal (SOE) queremos realizar las siguientes puntualizaciones:

  • La Comisión de Garantías Democráticas Estatal está compuesta por 10 personas (5 titulares y 5 suplentes) y no únicamente los titulares, tal como afirma la SOE. Estas 10 personas son las que tienen derecho a voto, pues así fue decidido en primer Pleno de la CGDE actual, de fecha 17 de Febrero de 2.017, en el que se aprobó por mayoría la propuesta de que tanto titulares como suplentes tuvieran derecho a voz y voto. Esta decisión no es una decisión extraña, pues así funcionaba la anterior CDGE y casi todas las autonómicas.

  • Se afirma sin aportar ningún acta ni prueba que “... la Comisión de Garantías Democráticas rechazó el pasado 28 de Julio una propuesta de la presidencia para que los suplentes pudieran votar igual que los titulares.” Sin embargo esta afirmación es inconsistente con el hecho de que la CGDE estaba funcionando desde el 17 de febrero con los suplentes en igualdad de voto con los titulares.

  • Se afirma por la SOE, que la tramitación del expediente disciplinario era obligada al provenir de la propia CGDE, sin embargo la petición de apertura de ese expediente únicamente tuvo el apoyo de 3 miembros de los 10 que en principio componen ese órgano. Petición además realizada por cuenta de esos tres miembros, y no por el pleno de la CGDE, no siendo, por tanto una petición formal de la misma.

  • El “Dictamen número 3” que tumba parte de la transposición a Estatutos, fue aprobado por 5 votos a favor y 3 en contra. Sin embargo se sugiere que ese dictamen fue un acto improcedente pues debería haber solicitado al Consejo de Coordinación la apertura de actuaciones. En primer lugar, esto es completamente falso, pues el Consejo de Coordinación solo tiene la competencia de incoación de expedientes disciplinarios, no debe ni puede aprobar todas las actuaciones de la Comisión de Garantías. En particular no debe ni puede intervenir en los dictámenes de resolución de conflictos normativos de la misma. En nuestra opinión, si el Consejo de Coordinación realiza una transposición del documento organizativo a los Estatutos de forma que contradice o añade cosas significativas no aprobadas por la Asamblea Ciudadana de Podemos, la Comisión de Garantías no solo PUEDE, sino que DEBE revisar y anular el articulado correspondiente sin esperar a que la ejecutiva le dé permiso para realizar un dictamen, pues el propio Consejo de Coordinación es parte implicada. Y es función explícita y exclusiva de la Comisión de Garantías, tanto en los Estatutos vigentes hasta el momento, como en los documentos aprobados en la Asamblea Ciudadana: “velar por el cumplimiento de los principios fundamentales y las normas de funcionamiento de la organización”. Lo cual incluye aquella que indicaba que la modificación de los Estatutos es competencia exclusiva de la Asamblea Ciudadana y la defensa de la literalidad de las normas aprobadas por la misma.

  • Se afirma que tuvieron que cambiar desde el Consejo de Coordinación el régimen disciplinario porque la ley exige que haya régimen disciplinario y que como el documento organizativo ganador no lo llevaba en la asamblea de Vistalegre 2  tuvieron que actuar por responsabilidad. Esto no es en absoluto cierto, ya que Podemos YA tenía un régimen disciplinario, y la autorización que se dió al Consejo de Coordinación fué para “transponer a los Estatutos los acuerdos aprobados por la Asamblea”. Transponer una norma a otra es insertar en la norma ya existente el nuevo articulado, sustituyendo a la norma previa allí donde presente cambios sobre la misma y dejándola como está allí donde no, dotándola además de coherencia en forma y estilo. No se dió autorización para redactar unos nuevos Estatutos, ni era necesario o imperativo cambiar un régimen disciplinario que ya existía en los Estatutos sobre los que se iba a realizar la transposición de lo aprobado.

 

TERCERO:

Queremos señalar que, tras completar nuestro análisis en profundidad de los cambios en los estatutos, creemos poder afirmar claramente que estos van más allá del mencionado “régimen disciplinario” existiendo además modificaciones profundas y relevantes en varios aspectos. Os ofrecemos algunas claves:

  • Autonomía de los territorios: se corta de raíz el sentido de lo aprobado, limitando la que era en principio una autonomía política y organizativa autonómica y local, supeditándola a reglamentaciones estatales. Se reduce enormemente la autonomía de las Asambleas Ciudadanas Autonómicas y sus órganos para regular los asuntos de ámbito autonómico y se da rango estatutario a la jerarquía de la gestión de las finanzas autonómicas. También se elimina la previsión de que desde los territorios se tuviera acceso al censo de las personas inscritas. Por otro lado, la organización de Podemos del ámbito municipal pierde la capacidad última de decidir sobre sus confluencias electorales.

  • Finanzas, se centralizan eliminándose los artículos que hablan de la descentralización de las finanzas y de la financiación de los círculos. Se supedita la supervisión de las finanzas en una persona nombrada por la ejecutiva, en vez de por el Consejo Ciudadano. Nos preocupa especialmente que no se traslade a los estatutos la prohibición de financiarse con créditos bancarios, presente en el texto del documento organizativo a trasponer, aprobado por la Asamblea Ciudadana de Podemos

  • Competencias de la asamblea: Se elimina la previsión explícita de que la asamblea pueda exigir ratificar de los presupuestos generales y electorales del partido. Se cambia la competencia exclusiva de la Asamblea de modificar Estatutos, para permitir su delegación en otros órganos. Abriendo las puertas a dar una carta blanca al ejecutivo para cambiar estos a su antojo (equivaldría a eso que tanto criticamos a los partidos clásicos de cambiar el art 135 de la Constitución sin consultar al pueblo soberano).

  • Afiliación: se elimina la descripción del proceso a seguir para afiliarse y conseguir los derechos de votación, dejando este a desarrollo reglamentario posterior. Pudiendo por tanto cambiarse sus condiciones por decisión simple del Consejo Ciudadano Estatal. Lo cual podría generar inseguridad sobre la forma de obtener la condición de afiliado.

  • Mundo Rural y Podemos Exterior: No se incorpora la regulación de los órganos previstos en los anexos aprobados junto al documento organizativo, para mundo rural y podemos exterior, dejando los mismos por tanto en un marco de legitimidad inferior al resto de lo aprobado. Pendientes de su definición por vía reglamentaria, en el mejor de los casos. Las referencias y el desarrollo normativo de Podemos Exterior es mínimo, en el cuerpo Estatutario y el de mundo Rural prácticamente inexistente. Frente a la desarrollada  estructura y articulado presente en los documentos aprobados.

  • Burocratización: Se otorga al Consejo de Coordinación Estatal y a los Autonómicos la capacidad de creación de “equipos técnicos” (gestoras) sobre los ámbitos inferiores, sin que esta decisión tenga que pasar por la Comisión de Garantías, en casos de cese de los órganos de estos antes del periodo de 18 meses desde su nombramiento. También se permite a los Consejos Ciudadanos crear regímenes disciplinarios a sus miembros (lo que supone una reducción de las garantías para las minorías). Se le da rango estatutario al control del Consejo de Coordinación sobre la convocatoria de sesiones del Consejo Ciudadano.

  • Régimen disciplinario: Dando facultad disciplinaria a diversos órganos que no se contemplaba previamente ni en ningún cambio aprobado que la tuviesen, entre ellos los que ya ostentan el poder Ejecutivo y la capacidad Reglamentaria (Consejos de Coordinación, Consejos Ciudadanos) y haciendo recaer la facultad de nombrar instructor en la Secretaría de Organización. Y añadiendo tipos de sanción nuevos que castigan la libertad de expresión de quien discrepe en el debate interno, de quien señale o destape cosas comprometedoras, como podrían ser casos de corrupción o abusos de poder. Creando de forma efectiva una "ley del silencio" propia de partidos clásicos y reforzadora y origen de las prácticas de corrupción que anidan en estos.

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Ante estos ilegítimos cambios en los Estatutos, se está generando, en pleno agosto y apenas unos meses tras la Asamblea de Vistalegre 2, un bloqueo jurídico que puede tener graves consecuencias. Desde Profundización Democrática estamos siguiendo la situación de cerca y os volveremos a informar en los próximos días.

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Comentarios

no es una disputa jurídica, es otra cosa

Es encomiable vuestro esfuerzo tratando de tratar este tema tan educadamente como discrepancias reglamentarias.

Es obvio que esto es un golpe de estado vía manu militari de Echenique usando a Argildo como títere. Se ha buscado entre los miembros de la comisión a los que puedan ejecutar todas las órdenes de Echenique al modo en que funcionaron con Elizo (no impidiendo acceso a las listas electorales pese a votación para hacerlo) al delincuento condenado Bódalo y validando decisiones que impedían cambios (aplicación del sistema de votación elegido en la Comunidad de Madrid etc).

Creo que es obvio que nada puede resolverse con la razón en este espacio, igual hay que superar Podemos y crear otra cosa.

De acuerdo.

Para lo que sea preciso CGD Asturias.

Aprender de la experiencia

Cada situación que vivimos nos lleva (o nos debería llevar) a aprender algo nuevo. Es la forma de obtener resultados positivos incluso de las situaciones mas negativas.
Sin ver aún el final de este enredo, yo creo que ya podemos sacar algunas enseñanzas de cara al futuro. Hasta ahora no se había previsto la posibilidad de que la CdGD estatal tuviese que resolver un procedimiento contra uno o varios de sus miembros. Incluso podría darse el caso de que tuviesen que resolver sobre una denuncia contra la propia CdGD estatal en conjunto. La CdGD estatal es el máximo órgano en su categoría, por lo que no cabe acudir a estamentos superiores sin llegar a la justicia ordinaria. La honestidad de los miembros de la CdGD estatal debería llevarles a inhibirse de cualquier caso en el que su implicación, directa o indirecta, haga peligrar o poner en duda su imparcialidad. Pero, ¿y si toda la CdGD estatal se inhibe? No hay otro órgano al que recurrir, llegamos a un callejón sin salida.
Seguramente haya compañer@s en Podemos con más cualificación que yo (la única que tengo es haber sido Secretario en una CdGD autonómica, sin ser jurista) para proponer una solución a este problema. A mi se me ocurre que podría crearse un órgano superior, únicamente para estos casos, formado por los/las presidentas/es de todas las CdGD autonómicas, asesorados individualmente por los miembros de sus respectivas CdGD autonómicas.
Tan solo es una idea que expongo a título personal, tratando, como he dicho, de sacar enseñanzas incluso de las situaciones mas negativas que nos puedan ocurrir. Y con la esperanza de que, quienes sepan más que yo, la valoren, la mejoren, y si la consideran adecuada la propongan en los documentos de la próxima Asamblea General.
Un saludo

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